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Venezuela atiza guerra verbal y Colombia contempla adquirir defensa anti aérea

Las tensiones diplomáticas entre Colombia van en aumento, tras conocerse en las últimas 24 horas una acusaciones infundadas sobre supuesto vínculo de Bogotá con el aun nada claro atentado que pudo haber sufrido el presidente Nicolás Maduro en agosto pasado, así como una nueva protesta del gobierno venezolano, que ahora califica a su país vecino como “vividor del sistema internacional”.

Por un lado ACTUALIDAD RT reporta lo siguiente:

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, acusó este lunes al gobierno de Colombia de hacer tretas para sacar provecho económico en instancias internacionales con el argumento de ofrecer “ayuda humanitaria” a los migrantes venezolanos.

Desde Nueva York, donde asiste al 73 período de sesiones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el jefe de la diplomacia venezolana dijo que los representantes del gobierno colombiano son “una especie de vividores del sistema internacional“, porque “piden dinero para la guerra a través del Plan Colombia, para la paz por el proceso de paz, y siguen en guerra”.

Los duros señalamientos de Arreaza se dan luego de que Bogotá convocara a una reunión, al margen de la Asamblea General, para promover la creación de un fondo con países donantes y autoridades del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y las agencias de la ONU, que supuestamente será destinado a atender a los migrantes venezolanos que cruzan a territorio colombiano.

Según cifras del gobierno colombiano, hay alrededor de un millón de migrantes venezolanos en su país. Por su parte, Arreaza destacó que Venezuela ha albergado a unos cinco millones de colombianos durante las décadas del conflicto armado, sin que jamás prendiera las “alarmas en el sistema internacional para agredir a un país ni para acusar a Colombia de una crisis humanitaria”.

Por esa razón, el representante de Caracas aseguró que asistirá a esa misma reunión “para pedir recursos por al menos unos 500 millones de dólares“, como indemnización a “un país históricamente receptor de migrantes como Venezuela”, y para financiar el retorno de aquellos de sus nacionales que han acudido a las embajadas en países como Perú, Argentina, Ecuador, Brasil y Colombia para pedir la repatriación.

Cruce de tensiones

Esta semana, las fricciones entre el gobierno venezolano y varios países de América Latina han ido en aumento, luego de que Caracas difundiera la confesión de uno de los presuntos implicados en el intento de magnicidio perpetrado el pasado 4 de agosto contra el presidente Nicolás Maduro.

Henryberth Rivas, alias ‘Morfeo’, uno de los señalados de participar en el acto terrorista, aseguró haber tenido contacto con representantes de las embajadas de México, Chile y Colombia para pedir protección e intentar fugarse de Venezuela, denunció el pasado domingo el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien instó a los gobiernos de esos países a aclarar los hechos.

‘Morfeo’ fue detenido el sábado pasado cuando intentaba abandonar el país partiendo desde la estación de autobuses La Bandera, en Caracas, tras no haber podido concretarse el plan de facilitar su huida a través del embajador chileno y la embajada mexicana.

“Yo me pregunto si el embajador de Chile podría someterse a un polígrafo, a un detector de mentiras. Chile tiene que explicar quién era el funcionario que tenía que colaborar para que escapara este criminal”, dijo Rodríguez en declaraciones recogidas por AVN. “Colombia y México también tienen que explicar quiénes iban a facilitar la fuga de ‘Morfeo'”, agregó.

Este lunes, las cancillerías de esos países rechazaron tales señalamientos y manifestaron su preocupación por la integridad del personal diplomático que labora en las embajadas en Caracas. Casi en paralelo, Colombia y Chile suscribieron una carta, junto a Argentina, Paraguay y Perú, para pedir a la Corte Penal Internacional (CPI) que se abra una investigación contra el gobierno de Venezuela por supuestos crímenes de lesa humanidad.

“Vamos a firmar el martes por la tarde una carta dirigida a la CPI, pidiendo que se inicie una investigación preliminar de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela”, afirmó el vicecanciller peruano, Hugo de Zela, citado por La FM.

Consultado al respecto, Arreaza desestimó la maniobra señalando que el sustento de la solicitud es un informe elaborado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien ha pedido abiertamente la intervención militar a Venezuela: “Ninguna corte puede prestarse para semejante cosa (…) Además, esa es una estrategia para herir, para matar a la Corte Penal Internacional”, dijo el canciller.

La carta a la CPI será entregada el martes, y la reunión convocada por Colombia también está prevista para ese mismo día, por lo que se espera que la jornada sea decisiva para el país suramericano: “Nosotros vamos a defender nuestra soberanía y vamos a salir adelante”, sostuvo Arreaza, quien no confirmó la asistencia del presidente Maduro a la Asamblea General debido a los riesgos que reviste su visita a EE.UU.

Colombia busca defensa antiaérea

Por otra parte, el diario El Espectador reveló el fin de semana que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, será invitado al Congreso a explicar por qué en el Presupuesto General de la Nación 2019 se incluyeron $1,1 billones para fortalecer el sistema antiaéreo del país.
De acuerdo con el medio, se trata de un proyecto en el que se plantea “fortalecer el sistema de defensa antiaérea multicapa a nivel nacional”, una situación que llama la atención en momentos en que se hacen tensas las relaciones con Venezuela.
Al respecto, el general José Mauricio Mancera, subjefe del Estado mayor de Estrategia y Planeación de la Fuerza Aérea, dijo que no se trata de una “moda ni de una carrera armamentista”, sino de un proyecto netamente defensivo.
“Es un proyecto que hace parte de un sistema de un sistema de defensa aérea nacional y es formulado por el DNP por el Ejército Nacional. Tenemos una obligación constitucional y es plantear las necesidades que tenemos. Mal haríamos si no plantearemos las necesidades desde el punto de vista de la defensa nacional”, aclaró el oficial.
El oficial manifestó que la cifra de 1,1 billones de pesos, frente al costo total de un sistema antiaéreo de carácter netamente defensivo, es menor si se tiene en cuenta el costo de los sistemas que ya tienen otros países de la región.
“Esta es una cifra menor. Dentro de lo que nosotros tenemos presupuestado, esto es más o menos el 14% de lo que cuesta un sistema de defensa aérea”, puntualizó.
Añadió que, de concretarse el proyecto, no se cerraría la brecha en su totalidad que en la materia tiene el país, pero sí tendría un efecto disuasorio.