El Congreso paraguayo debate derogar una donación de 38 millones de euros que la UE hizo al sistema educativo y que es vista por sectores políticos como una presión para promover la “ideología de género”. La delegación europea aseguró que si se rechaza la donación habrá “un grave daño” a la relación bilateral y “caerán otros convenios”.
La polémica se inició en septiembre de 2022, cuando el Gobierno de Mario Abdo Benítez anunció la firma de un acuerdo con la Unión Europea “para la implementación del sistema de protección social y la mejora de la educación del país”. El tratado implicaba una donación a Paraguay de 86 millones de euros divididos en 48 millones para el Sistema de Protección Social ¡Vamos! y 38 millones de euros para el sistema educativo.
Según informó en su momento el propio Gobierno paraguayo, los fondos destinados al sistema educativo apuntaban específicamente a “mejorar la calidad de la educación y la gestión de la política educativa” y tendrían como objetivo lograr “avances importantes en la formación de docentes, la educación técnica y profesional y los resultados de aprendizaje de los estudiantes”.
El acuerdo establecía además que los fondos europeos “se desembolsarán en base a los resultados alcanzados en los próximos tres años”.
Sin embargo, lo que parecía ser una buena noticia para las arcas paraguayas se transformó en polémica cuando un grupo de diputados paraguayos del oficialista Partido Colorado presentó un proyecto de ley buscando “derogar” el acuerdo firmado entre el presidente y la delegación europea.
De acuerdo a los impulsores de la derogación, el dinero condicionaba a Paraguay a introducir acciones para promover la “igualdad de género” y un “enfoque de derechos” en la educación primaria. La abogada Dannia Ríos, de la Red de Defensa de la Niñez y Adolescencia —una de las organizaciones que promovió dejar sin efecto la donación— aseguró que esos objetivos estaban contenidos en la ley que habilita el programa de Transformación Educativa, financiado por la donación europea.
La derogación del acuerdo finalmente fue aprobada por la Cámara de Diputados paraguaya en diciembre de 2022 y fue celebrada por legisladores colorados y del Partido Liberal Radical Auténtico (PRLA), desde donde calificaron al proyecto educativo como “una especie de lavado de cerebro de nuestros niños y jóvenes”.
Con media sanción en Diputados, el proyecto debía ser refrendado por el Senado, algo que la Cámara Alta intentó postergar hasta después de las elecciones en las que Santiago Peña resultó electo presidente. Antes de eso, y mientras legisladores opuestos al acuerdo intentaban apurar su consideración, la representación de la UE en Paraguay intentó interceder para evitar que su donación quedara sin efecto.
La contraofensiva europea contra el proyecto había comenzado en diciembre de 2022, apenas aprobado el texto. En ese entonces, la delegación europea en Asunción emitió una declaración que aclara que su donación sería destinada exclusivamente a “kits escolares, alimentación, textos educativos e infraestructura” y enfatiza que “la UE no decide el contenido de la malla curricular del sistema público educativo paraguayo”, ya que “esta responsabilidad recae en las autoridades nacionales”.