El incendio institucional de Colombia que se inició tras la fuerte puja entre el presidente Gustavo Petro y el Fiscal General Francisco Barbosa, lejos de apagarse, está tomando mayor fuerza. Hace pocos minutos este último anunció la salida de su familia del país sudamericano, alegando razones de seguridad, deivados, según él, de las afirmaciones del mandatario.
#NoticiaW “He tomado la decisión de que mi familia salga del país”: fiscal Francisco Barbosa → https://t.co/iyX08f0XB1
— W Radio Colombia (@WRadioColombia) May 5, 2023
Además, durante la presentación de la directiva que establece los lineamientos para la investigación del feminicidio, el Fiscal General, Francisco Barbosa, aseguró que “nadie puede someter a la justicia colombiana, por más facultades que crea que tiene en el marco de la Presidencia”.
La Corte Suprema de Justicia, a través de su presidente Fernando Castillo Cadena, salió en defensa del Fiscal Barbosa, señalando que “La Justicia es un poder público patrimonio de Colombia. Desconocer o malinterpretar las bases del Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”.
“La Justicia es un poder público patrimonio de Colombia. Desconocer o malinterpretar las bases del Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”: presidente de @CorteSupremaJ al llamar a sensatez, respeto, cordura y colaboración armónica.⬇ pic.twitter.com/ppnsi0xrgO
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) May 5, 2023
¿Se toma Petro la justicia en Colombia?
El presidente Gustavo Petro amplió su posición frente a toda esta polémica, finalizando con unos interrogantes sobre el ejercicio de la justicia en Colombia, que ya comienza a generar toto tipo de suspicacias.
El articulo 115 de la Constitución nacional designa al presidente de la República elegido por mandato popular como jefe de Estado, jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa. No he faltado a mi palabra ni a la Constitución en mi respuesta al fiscal que a su vez me irrespeta como jefe del Estado. Como jefe de Estado soy representante de la Nación ante el mundo y ante el pueblo.
Como representante del Estado ante el pueblo de nuevo pregunto: ¿Sabia la fiscalía de la existencia de una lista del clan del golfo con el nombre de 200 personas a las que iban a asesinar y que después, sin ninguna actividad preventiva de la fiscalía asesinaron?
El crimen de 200 personas ¿no es un crimen contra la humanidad? El jefe del Estado ¿no puede preguntar como representante del pueblo si una institución pública del Estado y del poder judicial cumplió o no cumplió su deber constitucional?
Entre los presuntos asesinos de lesa humanidad no se encontraba un financiador de una campaña presidencial? ¿hay cercanía y amistad íntima entre el jefe de la institución investigadora y el jefe del Estado de ese entonces?
Si no hay respuesta, sino irrespeto permanente al jefe del Estado, se puede entender entonces que la justicia, en esta institución, no quiere o no puede investigar un crimen de lesa majestad? Si no obtengo respuesta y la justicia, léase fiscalía, no quiere o no puede investigar un delito de lesa humanidad, no puede activar el jefe del Estado, los mecanismos que la Contitución y el Derecho internacional le confieren para que exista justicia?