Las autoridades brasileñas no escatimaron esfuerzos el miércoles para reforzar la seguridad después de que empezó a circular en redes sociales un panfleto que promovía “una megaprotesta para recuperar el poder” en más de una veintena de ciudades de la nación sudamericana.
Fuera por las medidas preventivas adoptadas o no, el supuesto levantamiento fue un fracaso, reportan informes de Asociates Press.
No obstante, la tensión sociopolítica se mantiene en el más poderoso país sudamericano, en razón a que se mantienen convocatorias de protesta en distintas regiones, que buscan desestabilizar al recién prosesionado gobierno del presidente Lula Da Silva.
Menos de 10 manifestantes se presentaron a la convocatoria en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro; había más periodistas y 29 vehículos policiales.
En la explanada de Brasilia que se encuentra rodeada por edificios del gobierno federal, las autoridades habían designado una zona para protestar y desplegaron policías y elementos de la guardia nacional. Sólo una pareja llegó al lugar, vestida con la misma camiseta de la selección brasileña de fútbol que miles de manifestantes portaron hace cuatro días.
“Nos sorprende ser los únicos que estamos aquí hoy”, comentó Eunice Carvalho, un ama de casa de 58 años que iba acompañada de su esposo. “La gente se asustó después de los arrestos, que fueron excesivos”.
En declaraciones a la prensa horas antes, el designado del gobierno federal para asumir el control de la seguridad de la capital dijo que la policía cerraría a la circulación la avenida principal, limitaría el acceso peatonal con barricadas y bloquearía todo acceso a la plaza que fue escenario del caos del domingo
“Siempre se respetará el derecho a protestar libremente y no se puede confundir con terrorismo”, aseveró el funcionario, Ricarado Cappelli.
Ante la convocatoria a la manifestación, el magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenó a las autoridades locales que evitaran que los manifestantes bloqueen caminos u ocupen espacios y edificios públicos. El juez también ordenó arrestos y multas para las personas y compañías que participen o ayuden con la logística y financiamiento de las protestas.