En octubre de 2017, la Contraloría General de la República (CGR) condenó por supuesto detrimento patrimonial a funcionarios de la UAESP.
Pero también, según el Informe Semanal de ANIF, castigó, aduciendo responsabilidad solidaria, a cuatro concesionarios del servicio de aseo y a la Fiduciaria Bancolombia.
Ello ha agravado en Colombia el ambiente de inseguridad jurídica y económica, pudiendo abortar el papel que cumplen las sociedades fiduciarias en mayor eficiencia financiera y en la lucha contra la corrupción.
Curiosamente, la CGR desconoce que la Ley 45 de 1990 es taxativa al señalar las obligaciones y responsabilidades que se derivan de estos contratos fiduciarios, donde no figuran los de control previo a cargo de ellas.
Cabe destacar entonces los riesgos sistémicos financieros derivados de los mayores costos en que incurrirían las fiduciarias si se plegaran a lo imaginado por la CGR.
“Resaltamos el encarecimiento en el aseguramiento respecto del manejo de dineros públicos y, bajo un escenario algo más extremo, la potencial retracción de aseguradoras de dicho negocio, incluyendo todo lo relacionado con los esquemas de APPs, tan vitales para la dotación de infraestructura de Colombia”, concluye el documento de ANIF.