El organismo de control sostuvo que el ministro se habría extralimitado en el cumplimiento de sus funciones al declarar desierto el proceso de licitación.
En medio de la creciente incertidumbre que genera su administración, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta un nuevo revés, esta vez por cuenta de la Procuradora General de la Nación, que decidió suspender por tres meses a su canciller, Álvaro Leyva.
#ÚltimaHora🚨@PGN_COL formuló cargos contra el Ministro de Relaciones Exteriores (@CancilleriaCol), Álvaro Leyva Durán, y lo suspendió por 3 meses. ¿La razón? Presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes. #EsNoticia AQUÍ los detalles 👉 https://t.co/rqNT0Te8V8 pic.twitter.com/JPOndqjhk0
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) January 24, 2024
La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario y suspendió provisionalmente por tres meses al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por las posibles irregularidades que se presentaron durante el proceso para la licitación de pasaportes.
La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo, la primera al declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.
En segundo lugar, el organismo de control profirió cargos al ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.
Sobre la decisión de la suspensión provisional la Sala Disciplinaria sostuvo que la medida se tomó en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y el que funge como director del nuevo proceso contractual que se adelanta para la gestión de pasaportes.
Finalmente, la Entidad dispuso el archivo de la investigación a favor del secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez.