En Colombia, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, planteó un paquete de propuestas sobre los desafíos y acciones que se deben desplegar para afianzar a este importante renglón de la economía en beneficio de toda la población colombiana.
De acuerdo con el presidente de Andesco, Gustavo Galvis, para lograr una expansión ordenada del sector, la política pública del renglón de los servicios públicos en Colombia debería enfocarse, primero, en los siguientes aspectos estructurales:
1. Inversión en proyectos de infraestructura
2. Mejor calidad, más cobertura y continuidad del servicio
3. Inserción a la economía digital
4. Seguridad y eficiencia energética
5. Cosecha del agua y control a la deforestación
6. Seguridad inversionista
7. Regulación inteligente eficiente (RIA)
8. Fortalecimiento de los mercados
Pero ya en lo que se refiere puntualmente a los sectores, el presidente de Andesco enumera propuestas que el gremio considera adecuadas para su fortalecimiento.
Acueducto y alcantarillado
Incentivos económicos que garanticen la cosecha del agua, es decir, oferta hídrica en condiciones de cantidad y calidad, como tasas ambientales, retributivas y compensatorias e inversiones ambientales.
Incentivos a inversión en infraestructura y modernización empresarial.
Esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso.
Cofinanciación del Estado para tratamiento de aguas residuales con un plan de priorización.
Crear la Agencia Nacional del Agua como agente de planificación, promoción y manejo integral del recurso hídrico.
Aseo y gestión de residuos
Esquemas de aprovechamiento de materiales y residuos orgánicos, con enfoque hacia el uso energético.
Modelo de prestación de área limpia en las ciudades.
Fortalecer control y vigilancia de residuos especiales y peligrosos.
Nuevas tecnologías en aseo y residuos sólidos.
Incorporar costos ambientales de los impactos negativos en la disposición final dentro de estructuras tarifarias de los servicios.
Sector energético
Fortalecer la institucionalidad del sector.
Desarrollo sostenible de proyectos de infraestructura de energía eléctrica y gas natural.
Impulsar movilidad sostenible, que permitan cumplir metas de mejoramiento de la calidad del aire y reducción de emisiones de carbono, y la construcción de ciudades sostenibles.
Establecer la eficiencia energética como política pública para atender compromisos de cambio climático e incrementar la competitividad del país.
En energía eléctrica
Impulsar la integración eficiente y ordenada de las fuentes de energía renovables no convencionales, mediante incentivos de largo plazo armonizados con las tecnologías tradicionales, que permitan mantener la confiabilidad del servicio.
Integración de avances tecnológicos, en la prestación servicio de energía eléctrica e impulso a ciudades inteligentes.
Ampliar cobertura, especialmente en el sector rural con incentivos como conexión a la red, Sistema de Transmisión Nacional, o atención en zonas no interconectadas.
Gas natural
Garantizar abastecimiento eficiente y confiable con incentivos para explotación de las diferentes fuentes.
Uso de energéticos de bajas emisiones como el gas natural, especialmente en sector transporte e industria.
Ampliación de cobertura de gas natural, especialmente en el sector rural.
TIC y TV
Convergencia institucional a través de la creación de un solo organismo regulador.
Habilitación general para todos los servicios de TIC y audiovisuales.
Fortalecer promoción del desarrollo de sectores TIC y Audiovisuales
Incrementar acceso a las TIC, tanto a terminales 4G y nuevas tecnologías como al servicio, en beneficios de los ciudadanos.
Modernización, simplificación y flexibilización del marco normativo
Reducción de cargas públicas, tanto de impuestos (nacionales y territoriales) como racionalización de las contribuciones a fondos sociales.
Lo jurídico y ambiental
Política pública que promueva la inversión, basada en principios de seguridad jurídica y respeto al régimen jurídico especial de los servicios públicos.
El costo derivado del consumo de bienes y sujetos constitucionalmente protegidos y el mínimo vital es una responsabilidad del Estado, por tanto deben garantizarse los recursos para tal fin.
Armonizar los intereses de los sectores de transporte y servicios públicos en el traslado de las infraestructuras.
Establecer instrumentos jurídicos adecuados para la gestión predial relacionada con el desarrollo y ejecución de proyectos de servicios públicos.
Regular los mecanismos de consulta popular buscando armonizar los derechos de las comunidades con la necesidad del país en materia de proyectos de infraestructura.
Promover la formalización en la prestación de los servicios públicos con lucha frontal contra el fraude.
Focalizar la asignación de subsidios a la demanda para acceso a los servicios públicos y a internet fijo y móvil, mediante ajustes a los mecanismos actuales, de manera que la distribución sea eficiente.
Adoptar esquemas más eficientes de administración de recursos públicos, por ejemplo, obras por impuestos.
Promover la innovación tecnológica a través de la exoneración de impuestos, tales como la exclusión del IVA en la movilidad sostenible y la generación de energía en distritos térmicos.
Promover la aplicación de medidas que eliminan las restricciones fiscales a la inversión, tales como la regla de subcapitalización en la ejecución de proyectos de infraestructura en servicios públicos.
Revisar las cargas tributarias locales impuestos al teléfono y al alumbrado público.
Crear una tasa que garantice la realización oportuna e informada de las consultas previas por parte de las autoridades ambientales.
Revisar los esquemas de repartición de riesgos entre el Estado y los inversionistas.
Unificación de criterios para la obtención del licenciamiento ambiental y sus modificaciones.