Luego de un intenso trabajo de coordinación desde el viceministerio de Agua del Minvivienda con varios actores, entre estos la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Acodal, así como administraciones departamentales y municipales, se expidió la resolución 680, a través de la cual se estableció un riguroso protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus Covid-19 en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
De acuerdo con la presidente ejecutiva de Acodal, Maryluz Mejía de Pumarejo (en la foto), este protocolo permitirá una reapertura gradual y organizada, pero sobre todo atendiendo con prioridad el cuidado de la salud de todas las personas involucradas, de 139 proyectos de agua y saneamiento en todo el país, entre la primera quincena de mayo y la segunda de julio.
En condiciones normales, cerca de 400 proyectos que venían activos en el sector agua y saneamiento generan más de 14 mil empleos directos y cerca de 10 mil empleos indirectos, de acuerdo con información oficial del Minvivienda, explicó la directiva, por lo que la reapertura planteada a través de este protocolo que se construyó conjuntamente permite un importante reinicio de trabajos para toda la cadena, incluida la demanda de materiales e insumos.
El documento tiene como
objetivo “Orientar las medidas
generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus
COVID-19, para adaptar en el sector de agua potable y saneamiento básico,
con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano
durante el desarrollo de todas sus actividades”.
Y según la dirigente gremial, es importante insistir
en que este protocolo es aplicable a proyectos del sector de agua potable y
saneamiento básico, en sus fases de preinversión, inversión, operación y puesta
en marcha, para lo cual, cada entidad contratante, junto con los contratistas,
consultores, interventores, deberán realizar el análisis particular por cada
proyecto, revisando la aplicación de las medidas a cada caso en particular.
Además, señaló que en concordancia con los objetivos de la cartera de Vivienda Ciudad y Territorio en lo pertinente al sector agua y saneamiento, los propósitos público-privados son garantizar el acceso a agua a todos los colombianos, reducir los gastos de los colombianos más vulnerables y garantizar continuidad en la prestación de los servicios en este renglón.
Igualmente aplica para la
operación de los sistemas de agua y saneamiento y actividades de prestación de
los servicios públicos de acueducto y saneamiento.
Los alcances de la resolución
Acorde con las condiciones particulares de los proyectos que se ejecutan en el sector de agua potable y saneamiento básico, las entidades contratantes deben definir las medidas específicas para su desarrollo, en coordinación con los contratistas, las interventorías y los entes territoriales, donde se ejecutan dichos proyectos, teniendo en cuenta estas categorías:
1. Proyectos estratégicos para garantizar el abastecimiento de agua potable a las poblaciones; así como proyectos de preinversión en sistemas de acueducto.
2. Proyectos de alcantarillado sanitario y pluvial, necesarios para garantizar la evacuación y tratamiento de las aguas residuales, así como la adecuada disposición de las aguas lluvias, y proyectos de preinversión en sistemas de alcantarillado.
3. Proyectos para el manejo, aprovechamiento, tratamiento y disposición de residuos sólidos, incluyendo proyectos de preinversión.
En ese orden, la entidad contratante, los contratistas e interventores, deberán:
1. Definir los riesgos inherentes a la ejecución de cada proyecto desde el punto de vista técnico, económico, social, ambiental, regulatorio, entre otros, así como la definición de las medidas para su mitigación.
2. Definir los frentes de obra o de trabajo
estratégicos para la fase de inicio, donde los riesgos analizados sean menores
para ganar conocimiento en este nuevo modelo de trabajo y a su vez, la
confianza de todos los involucrados en su desarrollo.
3. Definir los diferentes requerimientos de bioseguridad
en términos de recurso humano, materiales y equipo, analizando la
disponibilidad de los elementos requeridos en la zona de trabajo, como fuera de
la misma.
4. Analizar los costos para la implementación de las
medidas de bioseguridad para análisis y aprobación de las entidades
contratantes, los contratistas e interventores.
5. Analizar la programación de las obras o proyectos,
proponiendo reprogramaciones graduales para análisis y aprobación conjunta. (de
las entidades contratantes e interventorías).
6. Definir las coordinaciones intersectoriales
requeridas, así como de coordinación con las entidades territoriales,
departamentos, distritos y municipios, para garantizar el cumplimiento de los
nuevos cronogramas propuestos.
7. Definición de una matriz de responsables
internos y externos, para garantizar la activación de los frentes de obra o de
trabajo priorizados, en el marco de las medidas expuestas en este protocolo.