Mientras organizaciones internacionales hacen un llamado a investigaciones externas sobre violaciones de derechos humanos durante las protestas desatadas en Perú en enero, funcionarios del actual gobierno niegan que exista una crisis política en el país.
La corrupción, la inestabilidad política y las documentadas violaciones a los derechos humanos fueron el eje de discusión entre expertos en Washington el miércoles. En medio de exhortaciones a veeduría internacional en las investigaciones por actos de violencia cometidos durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, el representante del gobierno negó la existencia de una crisis política en el país.
Durante el evento convocado por el Diálogo Interamericano, un centro de pensamiento estadounidense, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch expusieron sus informes sobre lo ocurrido durante el estallido social en Perú tras el intento del entonces presidente Pedro Castillo de disolver el Congreso. Entre otras cosas, ambas organizaciones documentaron masacres, ejecuciones extrajudiciales y uso desproporcionado y letal de la fuerza.
“Los abusos de las fuerzas de seguridad movilizan a la gente, por eso es fundamental que haya justicia, mientras no sea así, va a haber una herida abierta en Perú que no se va a cerrar y que va a ser una fuente de inestabilidad”, dijo César Muñoz, director asociado de la división de las Américas de Human Rights Watch.
Gustavo Adrianzén, representante permanente de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), aseguró que durante los procesos de vacancia y sucesión ocurridos en Perú, el país “no ha salido” del marco constitucional. “En Perú, crisis política me suena a fin del mundo y en realidad no es esta la percepción que yo tengo”, dijo.
El informe de la CIDH documenta 477 protestas ocurridas en Perú y al menos 68 hechos de violencia en los que resultaron heridas 912 personas. En sus registros, la organización expone la muerte de 56 personas y resalta el asesinato de 10 personas en Ayacucho, acto que “dada las circunstancias de modo, tiempo y lugar, pudieran ser calificadas de masacre”, según Esmeralda Arosemena, vicepresidenta de la Comisión.
En el caso de Human Rights Watch, su informe expone crisis democrática y de abusos contra los derechos humanos en Perú. Además, plantea que “la corrupción es un elemento fundamental de inestabilidad en el Perú”, dijo Muñoz. En su caso, también tildan como “masacre” lo ocurrido en Ayacucho.