Los expertos señalaron que si bien la iniciativa es presentar una hoja de ruta para el próximo Gobierno, en las temáticas que abordan estos centros de pensamiento, y que contempla, por supuesto, el expertiz de cada uno, en aras de contribuir a una dinámica real de desarrollo económico y social del país hacia el futuro, su mirada regional aún no es a profundidad, y hace falta más estudio sobre el particular.
Por Lourdes Molina Navarro (*), Editora en Jefe de ABC de América
Con el propósito de aportar claridad sobre aspectos fundamentales de desarrollo de talento humano, productividad, salud, y bienestar para las personas, en líneas generales, seis centros de pensamiento se han unido para presentar una hoja de ruta para el periodo 2026-2030 bajo el nombre de Alianza Colombia Progresa 2630.
Dicha alianza nace de la unión de centros de pensamiento como ANIF, Centro de Estudios Económicos, CERAC, Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CREE, Centro Regional de Estudios de Energía, Fundación para el Estado de Derecho, Fede, Así Vamos en Salud y el Consejo Privado de Competitividad, CPC, comprometidos con el objetivo de simplificar, depurar y modernizar el marco normativo colombiano y así estimular la productividad del país en el marco del respeto por la Constitución de 1991 y del Estado de Derecho.
Con propuestas regulatorias concretas, viables y estratégicas, esta iniciativa busca incidir en los planes de gobierno y en el debate electoral del periodo 2026 2030.
Los líderes que participaron en esta puesta en escena para medios fueron José Ignacio López, presidente del Centro de Pensamiento Económico, ANIF, Ana Maiguashca, Presidente del Consejo Privado de Competitividad, CPC, Tomás González, Director del Cetro Regional de Estudios de Energía, CREE, Augusto Galán, Director de Así Vamos en Salud, y Andrés Caro, Director de la Fundación para el Estado de Derecho, FEDE.
De acuerdo con su conocimiento, esta hoja de ruta trata de priorizar acciones en materia de salud y bienestar para la gente, de estado de derecho, de productividad, de saneamiento fiscal, de potencial energético y de resolución de conflictos, entre otros temas clave, para que el próximo gobierno actúe desde el primer día y tenga la posibilidad, con una bitácora cierta, de dinamizar el desarrollo económico y social del país.
Al final de la presentación del informe, los estudiosos señalan que formular iniciativas regulatorias no es un trámite técnico; se trata de una herramienta institucional valiosa y efectiva que implica identificar normas que, aunque quizás se ajustaron a las necesidades del momento en el que fueron creadas, hoy generan costos desproporcionados, contradicciones jurídicas, zonas grises o duplicidades que disminuyen la efectividad del Estado, la competitividad empresarial y la calidad de vida de los ciudadanos.
Esta metodología de depuración normativa, respaldada por la Ley 2085 de 2021 y los lineamientos del Ministerio de Justicia y del Derecho, permite avanzar hacia un ordenamiento jurídico más claro, coherente y funcional. Proponer ajustes, reformas o derogatorias de las normas existentes no debilita el papel del Estado.
Por el contrario, lo fortalece con reglas más simples, claras y adaptadas a los problemas del presente y a los desafíos del futuro. En la Fundación para el Estado de Derecho, por ejemplo, hemos identificado cinco dimensiones y principios clave en los que se ve el efecto positivo del ejercicio técnico y participativo de formular propuestas regulatorias:
• Seguridad jurídica y legalidad: un marco normativo regulatorio y actualizado genera confianza entre los ciudadanos, los inversionistas y los agentes económicos, pues aporta estabilidad y reglas claras para la toma de decisiones.
• Eficiencia y fortalecimiento institucional: la depuración normativa libera capacidad administrativa, lo que permite que las instituciones o entidades públicas se concentren en sus funciones misionales y de mayor impacto. • Legitimidad y participación democrática: al abrir espacios para que diversos actores propongan ajustes, se fortalece la construcción democrática y se asegura que las reformas respondan a la realidad de los distintos sectores implicados.
• Competitividad y productividad: la simplificación normativa reduce los obstáculos administrativos, elimina los trámites innecesarios, agiliza los procesos y crea las condiciones favorables para la inversión, el emprendimiento y la innovación.
• Modernización regulatoria: en respuesta a la transformación tecnológica, los cambios en el comercio internacional y los retos de sostenibilidad, se requiere un marco regulatorio ágil, dinámico y preparado para anticipar escenarios futuros. La alianza Colombia Progresa 2630 busca ser una plataforma técnica para impulsar propuestas regulatorias alineadas con el desarrollo productivo y el fortalecimiento institucional.
Según los estudiosos, formular estas propuestas no es solo una tarea normativa, sino que implica ejercer la ciudadanía de una manera técnica e informada. Se trata de convertir el marco jurídico en una herramienta estratégica que promueva la productividad, fortalezca la confianza y habilite las condiciones para el progreso
El proceso ha incluido mesas técnicas con expertos y una revisión cruzada para asegurar consensos y solidez en las propuestas. Así, el conocimiento técnico, el diálogo y la trayectoria de cada organización se han convertido en la base de esta hoja de ruta.
El resultado no se limita a diagnósticos sectoriales y recomendaciones de política pública. El sello distintivo de Colombia Progresa 2630 es su aplicabilidad inmediata. Con el apoyo de la FEDE, cada propuesta identifica la vía normativa idónea —leyes, decretos, resoluciones o circulares— y el detalle operativo necesario para que el Ejecutivo pueda ponerla en marcha desde el día uno.
Del diagnóstico a la acción. Esta hoja de ruta no pretende abarcar todos los temas de un Plan de Gobierno; se concentra en las áreas de especialidad de cada centro aliado. Busca, eso sí, aportar insumos que alimenten el diálogo sobre el futuro del país, con un valor agregado: la definición de la normativa necesaria para materializar cambios que requiere el país.
En este documento se delinean las principales propuestas de Colombia Progresa 2630 en cada uno de los temas tratados. Y en los cuadros anexos, se presentan las acciones concretas que se proponen llevar a cabo, con el instrumento normativo que se debe tener en cuenta y algunas consideraciones en términos de retos de implementación y costo fiscal.
Con estos documentos resumen, Colombia Progresa 2630 presenta en términos generales la ruta para avanzar hacia un país más competitivo, inclusivo y sostenible.
(*) Periodista y escritora, especializada en temas económicos y empresariales, Magister en Estudios Políticos.
Consulte a continuación el resumen ejecutivo del documento.