LIMA. Perú prevé solicitar a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, una investigación preliminar sobre presuntos abusos a los derechos humanos en Venezuela, anunció el canciller Néstor Popolizio en una entrevista publicada este martes por el diario local El Comercio.
Con base en un informe de expertos solicitado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), “creemos que tenemos la posibilidad de solicitar a la fiscal de la Corte Penal Internacional que abra una investigación preliminar sobre la situación en Venezuela”, afirmó el ministro.
Popolizio indicó que esta iniciativa parte de Lima pero ya cuenta con el respaldo de otros cuatro países latinoamericanos, aunque no quiso precisar cuáles debido a que estos “tendrán que formalizar su aceptación a la propuesta”.El canciller señaló que el informe de la OEA denuncia “la violación de derechos humanos en Venezuela, con ejecuciones extrajudiciales que se imputan” al Gobierno de Nicolás Maduro.
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La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció en febrero pasado el inicio de un examen preliminar sobre supuestos crímenes cometidos en las protestas realizadas en Venezuela desde abril de 2017.
Bensouda entonces explicó que “un examen preliminar no es una investigación, sino un proceso por el cual se examina la información disponible para determinar, con pleno conocimiento de causa, si existe fundamento razonable para proceder a una investigación”.El canciller peruano dijo a El Comercio que el examen iniciado por Bensouda “puede durar muchísimo tiempo”, pero que cuando un país parte del Estatuto de Roma, que dio luz a la CPI, presenta una denuncia y hace una solicitud de investigación, el proceso es “expeditivo y automático”.
Venezuela fue escenario de violencia entre abril y julio de 2017, cuando en el marco de diarias manifestaciones opositoras murieron 124 personas, mientras varios miles más resultaron heridas o fueron detenidas.
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El Gobierno de Nicolás Maduro responsabiliza a la oposición por las muertes y asegura que los cuerpos de seguridad han respondido con un uso “legal, proporcionado y diferenciado” de la fuerza para la “contención física” de los manifestantes.Asimismo, ha subrayado que jamás se ha autorizado el uso de armas de fuego contra ellos.
Venezuela es parte del Estatuto de Roma, cuyo artículo 15 exige que para identificar situaciones bajo la jurisdicción de ese tribunal el fiscal debe conducir un exa