Una fuerte injerencia de la criminalidad latinoamericana y la débil acción de la justicia nacional en la ola de inseguridad que ha azotado sin clemencia a Colombia este comienzo de año han develado los informes y análisis de los distintos medios del país.
Atentados terroristas, una avioneta secuestrada, líderes de tierras asesinados, sangrientas vendettas de la mafia y una delincuencia común desbordada, cuya sevicia indignó al país cuando una mujer embarazada recibió tres tiros a quemarropa de unos criminales que trataban de robarle el carro, reseña la información.
“Hacía muchos años los colombianos no sentían tanta inseguridad, tanta falta de autoridad y tanta desprotección del Estado”.
Pero quizás lo más increíble es que la mayoría de los episodios violentos que sacudieron al país en los últimos días tienen un denominador común: delincuentes reincidentes capturados en el pasado por todo tipo de delitos y, por distintas razones, dejados en libertad en los estrados judiciales.
Esta oleada de inseguridad terminó amplificada en las redes sociales por medio de cadenas en WhatsApp, comentarios apasionados e indignados y hasta falsas noticias con las que muchos quisieron pescar en río revuelto
. ¿Qué pasó? ¿Qué tan inseguro está el país? ¿Acaso regresó Colombia a épocas superadas o hay un pánico exagerado frente a episodios mediáticos, pero que no reflejan la situación real de seguridad?.
<b>Ciudades y regiones</b>
De acuerdo con el informe de Semana, en Bogotá, los habitantes sufren especialmente este fenómeno. En los últimos cuatro años las autoridades capturaron a 26.865 delincuentes en flagrancia, la mayoría implicados por robo a personas y entidades comerciales o por tráfico de estupefacientes y homicidio.
Lo increíble es que de esa cifra más del 90 por ciento (25.333) de ellos habían sido detenidos al menos en cinco oportunidades y no pasaron más de un año tras las rejas.
“El país necesita dar un debate de fondo sobre la política criminal y el tratamiento penal a delincuentes reincidentes. Mientras estos delincuentes no paguen condenas efectivas, estamos enviando como sociedad una señal muy equivocada: que el crimen paga”, dijo a SEMANA el secretario de Seguridad de la Alcaldía de Bogotá, Daniel Mejía.
Pero si en Bogotá llueve, en otras ciudades no escampa. En Barranquilla, por ejemplo, en los primeros ocho meses del año pasado las autoridades capturaron a 4.907 personas. Pero solo 397, el 8 por ciento, obtuvieron medida de aseguramiento en centro carcelario y 3.864 quedaron en libertad, es decir que el 79 por ciento de los capturados ni siquiera pisó la cárcel. Del total de la cifra de detenidos que salieron libres, 339 eran delincuentes reincidentes capturados en al menos cinco oportunidades por delitos como homicidio, hurto y porte ilegal de armas.
El problema radica, para el secretario del Interior del departamento del Atlántico, Guillermo Polo, en la imposibilidad del sistema penal para procesar y sancionar a quienes infringen la ley penal, especialmente en delitos de alto impacto, lo que se suma a las dificultades para aplicar programas de resocialización. “En últimas, el delincuente reincide porque tiene la certeza de que la posibilidad de que lo sancionen es realmente baja”, afirmó.
En el barrio Robledo, de Medellín, el miércoles aparecieron los cadáveres de 4 personas envueltos en sábanas. Con ellos la capital antioqueña llegó a 52 asesinatos en lo que va de 2018. Muchos de esos crímenes son coletazos del reacomodo de las grandes mafias, y en este caso en particular tendrían que ver con la captura de alias Tom, uno de los grandes capos. Aunque este tipo de vendettas suelen ser cíclicas y ligadas a muertes y detenciones de narcos, el mayor problema de los paisas también son los reincidentes.
“Estas recapturas obedecen a delitos como tráfico de estupefacientes y hurto a personas, y generan consecuencias nefastas para la seguridad”, dijo a SEMANA el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
“En Medellín se capturó a una misma persona hasta 50 veces, lo que destruye la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado. El ciudadano está mamado de que lo roben, y más de saber que quien lo hizo vuelve a las calles a seguir robando. La solución no es soltar los criminales, sino definir una política carcelaria seria”, concluye Gutiérrez.
Las quejas de los mandatarios locales aparecen por todo el país. Rafael Martínez, alcalde de Santa Marta, contó a SEMANA que en el más reciente consejo de seguridad en su ciudad demostró que de las 3.000 capturas solo el 15 por ciento terminó en detenciones intramurales.
“La gente cree que las administraciones y la Policía no trabajan. Cuando organizamos operativos y hacemos capturas, se entregan a la Justicia, pero la rama judicial no responde. Incluso, es la legislación, más que la rama judicial” afirma.
En Cartagena la situación es aún más crítica por la crisis de liderazgo político que desde hace varios años vive la Heroica. “El 45 por ciento de los ciudadanos de la Heroica se siente inseguro con su ciudad y el 36 por ciento se siente inseguro en su barrio. La principal razón es la ocurrencia de constantes atracos callejeros cometidos por pandillas y drogadictos”, dijo a SEMANA María Claudia Peñas, directora del programa ciudadano Cartagena Cómo Vamos.
“La percepción de impunidad en la ciudad es muy alta. Solo 5 de cada 10 cartageneros creen que quienes porten armas, agredan a otra persona o incumplan las normas de tránsito serán sancionados. Eso indica el nivel de desgobierno de una ciudad que ha tenido 8 alcaldes en los últimos 6 años”, concluye.
En Valle del Cauca la situación no es distinta. “Nos afectan mucho las detenciones domiciliarias, ya que casi siempre cobijan a temidos delincuentes que luego reinciden”, aseguró Noralba García, secretaria de Gobierno de la Gobernación de ese departamento.