Seguridad jurídica, empresarización, bienes públicos y hacer de la producción agropecuaria una actividad atractiva laboralmente son las prioridades que identificó Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), al cierre del Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, realizado recientemente en Cali. El dirigente gremial expuso esos temas.
¿Los pequeños productores pueden migrar hacia modelos empresariales?
Creo que al campo le han comenzado a inyectar ideología política y eso no debería ser así. Algunos que opinan y hablan del campo han procurado hacer irreconciliable el tema de la economía familiar campesina y la agroindustria; así, unos son los malos, terratenientes, despojadores y los otros son los pobres a quienes hay que defender.
¿Usted comparte esa visión?
No, porque si bien la realidad indica que la economía familiar campesina le aporta mucho al país, ésta no debe quedarse en eso por una razón muy simple: como es, en su mayoría, de autoconsumo, no cuenta con los canales efectivos que le permitan llevar sus productos a los consumidores, por lo que éstos últimos terminan en manos de distribuidores mayoristas. Estas son trampas de pobreza que van perpetuándose a través del tiempo.
Entonces, ¿qué es ser empresario en el campo?
Es formalizarse, llevar cuentas y generar rentabilidad; no simplemente quedarse en esa ola del ‘vamos a producir’ para después salir a buscar dónde podrá venderse la producción. Creo que ese modelo productivo tiene futuro: hay economías de escala, asociatividad y contratos en cuentas de participación, etcétera, pero sí se requiere de algo que va de la mano con este tema y es hacer que la gente cambie el ‘chip’ generacional, lo cual es difícil.
¿Los empresarios del campo sí son buenos productores?
Se hace necesario un cambio cultural; por eso hay que pensar, como lo ha señalado el presidente de la Junta Directiva de Fedepalma, en un ‘agro de segunda generación’.
Esto debe ser iniciativa del Congreso de la República, promover un cambio en los productores y pensar en la renovación de los jóvenes emprendedores que tienen que ir al campo.
Precisamente, ¿usted cómo ve el tema del relevo generacional?
Hay un envejecimiento de la mano de obra en nuestra ruralidad y nos estamos quedando sin gente; los mayores se quedan, esa es nuestra realidad. No se está pensando en un futuro comercial, pues se venden ideas de un futuro netamente proteccionista, lo que limita la posibilidad de reconciliar las diferentes visiones del campo.
Hace pocos días me pasó una situación en Pueblo Tapao (Quindío): el conductor que me llevó desde Pereira a ese sitio me comentó que la gente joven ya no quiere estar en el campo y que en vez de cosechar se están yendo a las cabeceras municipales a vender minutos de celular o al bicitaxismo o mototaxismo; al parecer, dijo, no hay un incentivo de rentabilidad en el negocio agrario.
¿De no darse ese relevo, qué le espera al campo?
El futuro del campo va a estar muy limitado; además, se vienen la competencia internacional y esos mercados no respetan fronteras, traen productos baratos al consumidor final, y, aun así, logran rentabilidad.
No podemos quedarnos viendo que eso sucede y no hacer nada al respecto.
¿Laboralmente, el campo es desventajoso para la gente joven?
Lo que hará la diferencia será la formalización de la mano de obra y la dignificación del trabajador del campo. Nosotros (la SAC) hemos llevado al Congreso de la República un proyecto de ley acerca de este tema y ya pasó una vuelta en la Cámara de Representantes.
Ocurre que un trabajador rural ordeña en las mañanas en una finca, luego está en otra finca picando heno y por la tarde está sembrando en una tercera finca; trabaja todo el día y no tiene prestaciones sociales.
¿Qué debe hacer el nuevo Gobierno para darle el impulso al sector agropecuario?
Políticas de largo plazo. Si cada gobierno que llega se va a inventar la rueda, pues prácticamente no vamos a avanzar. Y eso para nosotros es un pilar fundamental que se implementen políticas que tracen competitividad para la ruralidad. Estas deben ser estables, lo que significa estabilidad en las reglas de juego
Hemos clamado desde hace más de un año y medio en el tema de la seguridad jurídica, no solo para la propiedad rural sino también para las inversiones.
Por ejemplo, las Zidres tienen un problema enorme: no se han reglamentado. Así, de qué sirve no contar con unas normas claras frente a los beneficios que éstas puedan generar a los campesinos, a los medianos y a los grandes productores.
¿Otro aspecto por destacar?
Sí. El de los bienes públicos. El Gobierno ha diluido muchos recursos en la solución de los bloqueos que ocasionan las protestas sociales. Por ejemplo, el último paro de Buenaventura costó como dos billones y medio de pesos. ¿Cuántos kilómetros de vías terciarias podrían haberse hecho con esos recursos?
Si bien en cuatro años un Gobierno no puede construir todas las vías necesarias, si puede dejar comprometidas las vigencias fiscales de mediano plazo para este tipo de obras.
¿Quién vigilaría que esas obras favorezcan a los productores?
Los gremios y la sociedad civil deben hacerle seguimiento a la ejecución de esas obras y garantizar que esas vías terciarias no queden en mejoramiento de las carreteras que llevan a la finca de recreo del alcalde, del concejal o del gobernador de turno.
Recordemos que el Gobierno del presidente Santos destinó 1,2 billones de pesos para las vías terciarias. Cuando la gente empiece a ver que en realidad se está dando un cambio, por lo menos van a pensar en quedarse.
Una consideración final en torno a la competitividad…
Que no hay que centrarse en subsidiar sectores específicos, deben favorecerse bienes públicos como educación, salud, vías y estabilidad jurídica.
Estas son consideraciones fundamentales si el próximo Gobierno quiere hacer al campo más competitivo, rentable y orientado al mercado nacional e internacional.