SPUTNIK. Cataluña afronta en las próximas horas uno de los momentos clave en su proceso soberanista: el presidente del Gobierno regional, Carles Puigdemont, comparecerá ante el Parlamento autonómico para dar traslado de los resultados del referéndum del 1 de octubre.
Será una sesión plenaria en la que la posibilidad de una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) flota en el aire pese a que no forma parte de los puntos del día.
“La declaración de independencia está prevista en la ley del referéndum como aplicación de los resultados. Por lo tanto, aplicaremos aquello que prevé la ley”, dijo Puigdemont en una entrevista en la televisión pública catalana durante la noche del domingo.
El pasado 1 de octubre tuvo lugar un referéndum de autodeterminación convocado unilateralmente por el Gobierno catalán, una consulta que el Tribunal Constitucional había declarado previamente ilegal y que los cuerpos de seguridad españoles trataron de impedir.Pese al despliegue policial contra la votación, un total de 2,3 millones de catalanes participaron en la consulta.
De estos 2,3 millones de votantes, que representan un 43% del censo total con derecho a voto, un 90% se mostró favorable a la opción independentista.
A la vista de esos resultados, de acuerdo con la ley que da cobertura legal al referéndum —también suspendida por el Tribunal Constitucional—, el Parlamento de Cataluña debe proclamar la independencia.
“Los ciudadanos de Cataluña nos hemos ganado el derecho a tener un Estado independiente que se constituya en forma de república”, dijo Puigdemont la misma noche del referéndum.
En cambio, la respuesta desde Madrid fue tajante a la hora de negar la validez e incluso la propia existencia del referéndum por contrariar la legalidad.”El referéndum que pretendía liquidar la Constitución española e independizar a una parte de nuestro país sin contar con la opinión del conjunto de los españoles simplemente no ha existido”, dijo tras la votación el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.
Desde entonces, las posiciones de ambas partes se mantuvieron fijas y no se produjo ningún tipo de diálogo pese a que Puigdemont llamó a instaurar una mediación internacional, opción rechazada por Rajoy al entender que la unidad de España no puede ser objeto de negociación.
Entre la jornada del referéndum y el pleno de este martes la batalla política no solo se jugó en el ámbito institucional; la calles de Cataluña y algunas de las principales ciudades de España acogieron movilizaciones multitudinarias en rechazo de la violencia policial del 1-O, en apoyo a la causa independentista, en defensa de la unidad de España e incluso para pedir diálogo.La DUI contra el 155
Este 9 de octubre diversos sectores independentistas exigieron a Puigdemont y a la coalición independentista del Gobierno catalán (Junts Pel Sí) la adopción de la DUI.
La formación anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP) —uno de los actores claves en el proceso independentista catalán— solicitó la proclamación de la República de Cataluña como paso previo al establecimiento de un diálogo entre Estados con España para especificar los términos de la ruptura.En ese mismo sentido se manifestaron las dos asociaciones cívicas independentistas más importantes —Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural—, que además de pedir la DUI convocaron concentraciones ante el Parlamento catalán.
Pese al empuje de estos grupos, destacados representantes del Gobierno catalán o de la coalición que lo conforma manifestaron sus dudas sobre la DUI y apuntaron la posibilidad de adoptar decisiones menos agresivas.
Por ejemplo, el consejero de empresa del Gobierno catalán, Santi Vila (Esquerra Republicana de Cataluña), llamó el viernes en una entrevista con el diario Ara a “evitar decisiones que sean irreparables” y a tener en cuenta que la mitad de catalanes no dan reconocimiento al proceso independentista.Además, el eurodiputado Ramón Tremosa (Partit Demòcrata Europeu Català) apuntó en la mañana del 9 de octubre la posibilidad de hacer una declaración de independencia mediante la llamada “vía eslovena”.
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Esto es, proclamar la independencia de forma simbólica y suspenderla de inmediato para afrontar un diálogo con Madrid desde una posición reforzada.
Pese a la incertidumbre sobre si finalmente se adoptará la DUI y sobre en qué términos podría hacerse, el Gobierno español dejó claro que ninguna declaración de ruptura será reconocida a nivel jurídico y que la reacción de Madrid será inmediata.
“Trataremos de causar el menor daño posible con nuestras decisiones, pero que a nadie le quepa ninguna duda: si declaran la independencia habrá decisiones para reinstaurar la ley y la democracia”, afirmó Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno español, en una entrevista con la Cadena Cope.
Entre las herramientas que la Constitución otorga al Gobierno central para responder ante una situación como la actual se encuentra la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, por la cual el Gobierno puede, en caso de que una Comunidad Autónoma se declare en situación de desobediencia, “adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de sus obligaciones”.Pese a que la vía del 155 es habitualmente señalada como la más pertinente dentro del marco legal actual para intervenir la autonomía política de Cataluña, el Estado español también puede utilizar otras herramientas como la acción del Tribunal Constitucional, que gracias a una reforma aprobada por el partido de Rajoy en 2015 puede multar e incluso suspender a cargos públicos catalanes.
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Además, el Ejecutivo dispone de instrumentos más contundentes como la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional o declarar el estado de excepción, aunque la mayoría de expertos constitucionalistas señalan que estás vías son desproporcionadas ante el escenario actual.Partidos de la oposición como el PSOE o la formación liberal Ciudadanos aseguraron que apoyarán al Gobierno en su reacción ante una posible declaración de independencia.
Mientras tanto, otros actores como el Partido Nacionalista Vasco o Podemos y sus socios territoriales pidieron contención.
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Ante lo que parece ser un inminente choque de trenes, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, llamó en la tarde del 9 de octubre a Rajoy y a Puigdemont a “no dinamitar los espacios de diálogo”.Colau, que participó en el referéndum, aseguró que los resultados del 1-O no pueden avalar una declaración de independencia y, al mismo tiempo, invitó a Rajoy a salir del “inmovilismo” para buscar una salida negociada.
El Gobierno catalán se reunirá este martes en las horas previas la sesión plenaria en la que comparecerá Puigdemont para ultimar los detalles de su estrategia.