Por Juan Armando Rojas
En Colombia y muchos países de América Latina, la popular tradición de “guardar la plata debajo del colchón”, como la forma más común de manejar el dinero, parece estar perdiendo terreno y de forma acelerada, por cuenta del auge de las compras por Internet.
Como un buen ejemplo para ilustrar, desde que la economía colombiana comenzó a evolucionar hasta convertir a la nación suramericana en un país de ingreso medio, las operaciones en línea se han disparado a tal punto que, en solo dos años, las transacciones electrónicas registraron un histórico aumento de 53% entre 2017 y 2018.
La cifra corresponde a un estudio que acaba de divulgar la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), según el cual, en ese mismo periodo, los pagos por internet aumentaron 20%.
Al menos así lo sugieren los datos de la CCCE, que da cuenta de una marcada tendencia de los colombianos a preferir cada vez más las denominadas compras “on line”:
Dice la Cámara, citando cifras de la encuesta de calidad de vida del DANE, que “mientras en 2012 solo el 2% de la población estaba haciendo compras por internet, esta cifra ha aumentado más del 400%”.
La Presidente Ejecutiva de la CCCE María Fernanda Quiñones explica el fenómeno señalando que “el e-Commerce da a los consumidores no solo la facilidad de comprar desde su hogar sin tener que desplazarse hasta las tiendas físicas, sino que también facilita el proceso de informarse antes de realizar una compra. Hoy en día con tan solo unos clics, los consumidores pueden comparar la calidad y los precios de un gran número de artículos”.
Sin duda el crecimiento de las operaciones electrónicas es exponencial. Pero ¿hasta dónde el uso del dinero plástico, en una economía emergente como la colombiana y con altas tasas de informalidad, podrá reemplazar al efectivo?
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de reemplazar billetes y monedas por medios de pago digitales?
De tiempo atrás, la Asociación Bancaria, el gremio que representa a las entidades financieras viene adelantando intensas campañas para acelerar la bancarización y el uso de las plataformas digitales para realizar operaciones, con el argumento de que se trata de una vía más segura y fácil de manejar los recursos y el ahorro del público.
Lo cierto es que la bancarización implica no solo facilidades para el usuario. También implica la entrega de datos personales a estas entidades, que buscan afanosamente hacerse a una información sobre cada movimiento, hábitos de consumo, ingresos, gastos y hasta permite identificar la ubicación de sus clientes.
Las transacciones en línea proporcionan información valiosa a una banca cada vez más poderosa y al menos a una decena de plataformas de pago que funcionan en Colombia como Credibanco o Redeban, por mencionar solo a algunas.
Por su parte, el Gobierno también ha venido implementando políticas para incentivar el registro electrónico de las ventas, con mecanismos como la Factura Electrónica, con el ánimo de reducir la evasión y tener mayor control.
No en vano, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN aumentó en más de 11 por ciento el recaudo tributario en 2019, con una cifra histórica que ronda los $150 billones de pesos.
Las transacciones por internet dejan una trazabilidad conveniente para un Estado que requiere ejercer mayor control sobre operaciones sospechosas, mientras que al dinero en efectivo se le suele atribuir una preferencia para la comisión de actividades ilícitas como el narcotráfico o el contrabando.
Pero si bien es cierto que el dinero en efectivo tiene unos costos inherentes a su uso, al transporte, a la seguridad y a la fabricación del papel moneda, sigue siendo por ahora un medio de pago que permite al usuario preservar cierto nivel de intimidad, en cuanto a sus costumbres, modo de vida y al manejo de sus finanzas personales.
Para muchos colombianos todavía contar con el dinero tangible que fabrica el Banco de la República, les provee la certeza de contar con el respaldo que da contar con una moneda legal con poder liberatorio.
Y es entendible porque, no en vano, instituciones como la Superintendencia de Sociedades han advertido sobre los riesgos de utilizar mecanismos sofisticados como las monedas virtuales, que no son más que algoritmos sujetos a impredecibles vaivenes.