Cruzando bancos de datos públicos, “1.155 personas y/o empresas fueron relacionadas con grandes deforestaciones”, señala el texto.
Asimismo, se identificaron “1.262 zonas deforestadas con más de 60 hectáreas de extensión cada una, registradas vía satélite entre agosto de 2015 y julio de 2016”.En total se trata de 176.761 hectáreas de corte raso de vegetación; un total de las 31 zonas deforestadas de más de 60 hectáreas se encuentran dentro de zonas protegidas y otras 13 dentro de tierras indígenas, que en principio también están bajo protección de la ley.
La Fiscalía ya instauró 757 acciones judiciales que piden a los responsables 1.500 millones de reales (462 millones de dólares) en concepto de indemnizaciones por daños materiales y morales.
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Se espera que al final del proceso los valores solicitados para resarcir los daños ambientales lleguen a los 2.800 millones de reales (862 millones de dólares).También se exige la reparación de 95.679 hectáreas de selva degradadas, así como la retirada o destrucción de los bienes que estén impidiendo la regeneración de la vegetación.
Las acciones de la Fiscalía se enmarcan en el recién lanzado programa “Amazonía Protege” y aunque en un principio se centra en zonas deforestadas de 60 hectáreas o más el objetivo es que en el próximo ciclo de controles se instauren nuevas acciones judiciales para áreas cada vez menores.